Ensayo
realizado por los comunicadores sociales: Angélica Obando Solano, Janeth
Cabrera Julio, Omar Segura Caicedo y Omaira Sandoval.
En una sociedad como la colombiana y
como la de nuestros países en América Latina, vale la pena hacer el esfuerzo
del análisis del papel de los medios de información, las nuevas tecnologías de
la información, hoy también en manos de ciudadanos, como sus usos y sus efectos
en la construcción de ciudadanía, lo cual no es más que el paso por el ámbito
de la democracia.
Los continuos cambios están marcados
en esta era de la información por las
tecnologías y sus usos para comunicar ó lo que muchos autores hoy llaman la
e-comunicación.
Lo que fue en un tiempo espacio sólo
para el ejercicio del periodismo se convirtió en accesible para todo ciudadano
con la Internet, pero no se quedó en comunicación de una sola vía sino que ésta
podía ser en todas las direcciones y de forma que se retroalimentaba por las
características de la tecnología, al punto que personas fuera de los medios
periodísticos también han estado informando.
La comunicación a la que nos
referiremos es a la política en relación a la construcción de democracia y por
ende la participación del ciudadano común.
En clases de periodismo se solía
señalar la responsabilidad social del comunicador ante las masas y sus efectos.
Las funciones sociales pasaban básicamente por informar, educar y entretener,
sin embargo esos conceptos fueron modificándose con el paso del tiempo por la
influencia del desarrollo de los nuevos medios y por un profundo debate
continuo en el periodismo.
Se han hecho extensos análisis sobre
el papel del periodismo en la sociedad y su participación en las situaciones
que afectan a la mayoría de las gentes y en particular en la construcción de
democracia.
Sin embargo, el periodismo está
marcado no sólo por el profesionalismo o no de sus reporteros, cronistas o
investigadores, sino también por los conglomerados económicos o familias que
hoy son propietarios de grupos de medios y que forman monopolios con intereses
económicos y/o políticos, los que en últimas definen la agenda de prioridades
informativas.

Es así que ese derecho de la sociedad
o de todos y todas fue rentabilizado por las empresas de medios a través de
monopolios y oligopolios que antes mantenían unas relaciones unilaterales con
las audiencias antes llamadas “receptores”, pero que con la transformación de
las relaciones por las nuevas TIC de igual manera obligan a adaptarse a los
cambios.
“El
periodista profesional está obligado a competir con el resto de ciudadanos en
el ejercicio de informar, formar y entretener a otros ciudadanos, y no puede
sino tratar de seguir siendo relevante y necesario para la sociedad a través de
opiniones bien argumentadas y de las informaciones que sea capaz de sacar a la
luz pública, es decir, a través de la credibilidad que pueda transmitir y de la
reputación que sea capaz de mantener. De lo contrario, otras personas, no
necesariamente periodistas, asumirán este rol; y tampoco lo harán
necesariamente por dinero”.(Mahugo, 2010)
La crisis del periodismo actual no
sólo está marcada por el cambio rápido en las relaciones con las audiencias o
por la crisis económica mundial de la que no son ajenas las empresas de medios
de comunicación, sino también por la credibilidad, como lo señala Mahugo, ello
debido a las marcas de ideologías e intereses que se ponen por encima de los
ciudadanos, obedeciendo más a un modelo liberal que decide por sí mismo que es lo importante y
que no y que ve a las audiencias como consumidores. Tal pareciera una semejanza
al viejo modelo de relaciones de los medios y sus “receptores”.
Empero el periodismo esté en crisis no
significa que la democracia también lo esté, como lo afirma el autor citado, ya
que el ciudadano en esta cultura digital no requiere para comunicarse de la
intermediación del periodismo, imponiendo nuevas agendas y prioridades de
conocimiento e información en medio de un mundo no sólo de información, sino de
relaciones e interacciones en las redes.
“El reto que tiene
por delante (el periodista) no es irrisorio: en primer lugar aprender a
escuchar, si se tiene algo interesante que aportar involucrarse en la
conversación que ya está teniendo lugar fuera de los medios de comunicación
tradicionales, fomentar desde sus propios sitios el debate y animar a la
participación, contribuir a la superación de las distintas brechas digitales,
ayudar a la educación de los ciudadanos en valores cívicos y por último
convertirse en un referente para una comunidad de usuarios”. (Mahugo, 2010)
En el rescate del modelo de
responsabilidad social han surgido nuevos conceptos como periodismo público,
periodismo ciudadano, periodismo preventivo, entre otros, que no son más que la
reivindicación de las bases del periodismo con un acercamiento real y a través
de lo virtual con las audiencias que son consideradas ciudadanos que participan
del proceso comunicativo.
En ese marco de ideas, en Colombia
podemos ver a manera de caso ejemplificante el de las mujeres desplazadas por
la violencia en Colombia y su reflejo situacional en los medios de
comunicación.
La invisibilidad de las mujeres
víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y razones económicas en los medios de
comunicación colombianos es evidente en la agenda noticiosa, ya que por una
observación se ha podido detectar que
son pocos los registros en los que ellas son fuente de información más
allá de ser una voz victimizada dentro del contexto del conflicto armado de
este país suramericano en el que convergen varios actores como son las
guerrillas, grupos paramilitares, de delincuencia común, las llamadas bandas
criminales (Bacrim) que son compuestas por ex paramilitares que supuestamente
habían reinsertado a la vida civil, narcotraficantes y el mismo Estado.
La mujer en colombiana constituye una
de las primeras víctima del conflicto armado interno que desde hace medio siglo
se vive en este país. Realmente, el impacto que ha tenido la confrontación
militar sobre la población femenina es alarmante y así ha quedado registrado en
los medios de comunicación del país, lo que ha generado una enorme
desintegración social para ella y sus familias.
Según el Colectivo Mujeres al Derecho
(Colemad) organización no gubernamental dedicada a la defensa legal de las
mujeres víctimas de la violencia en la Región Caribe, las diferentes
manifestaciones del conflicto armado en el país
y los continuos actos de violación al derecho internacional humanitario
por parte de los grupos armados afectan principalmente a mujeres, cuenta de
esto es que de los más de 4 millones de desplazados forzados, siendo un 50.5%
mujeres y el 24.3% de total de los hogares en esta situación presentan jefatura
femenina.
Este panorama ha generado una grave
crisis humanitaria en el país, a raíz del desplazamiento forzado, el despojo de
los bienes y desarraigo de más de 4 millones de personas. El problema se extiende
a 32 departamentos del país (de los 33 en total, con excepción solamente de San
Andrés y Providencia).
A lo anterior se le suma la violencia sexual en la guerra.
La encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el
contexto del conflicto armado realizada por la corporación Envise Colombia, en
un periodo de estudio de 2001 – 2009 a más de 2 mil 600 féminas revelaba que
durante estos nueve años 489.678 mujeres fueron víctimas de este tipo de
violencia, lo que equivale a decir que cada hora 6 mujeres fueron víctimas de
violencia sexual de todo tipo y cada 44 minutos una fue abusada.
Los resultados de la encuesta también
revelan que 94.565 mujeres entre 15 y 44 años fueron víctimas de violación, de
esas 31.287 fueron víctimas de violación más de tres veces; 26.353 entre la
misma edad fueron embarazadas forzadamente, 27.058 fueron obligadas a abortar,
175.873 fueron acosadas sexualmente, 48.554 obligadas a hacer servicios
domésticos, 326.891 fueron víctimas de regulación de la vida social y 19.422
esterilizadas a la fuerza.
Ahora bien, en la publicación titulada
“Mujeres y guerra: víctimas y resistencias en el conflicto colombiano” el Grupo
de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación reconstruyó 64 casos
de violencia sexual ejercida por 'paras' de la Costa Atlántica entre 1997 y el
2005, casos que para el Colectivo Mujeres al Derecho (Colemad), organización no
gubernamental que defiende los casos de mujeres víctimas en el Caribe
colombiano, tienen estrecha vinculación con el despojo de tierras
constituyéndose varias vulneraciones de derechos. En seis años del proceso
Justicia y Paz del Estado colombiano, apenas 747 víctimas han ido a la Fiscalía
y de cerca de 30 mil desmovilizados, sólo 49 han reconocido esas prácticas criminales.
De tal manera, esposas, madres,
hermanas e hijas sin duda, han sido más de una vez figura de titulares de
prensa. Sin embargo, al analizar el contenido informativo, se advierte que en
nuestro país, los medios de comunicación atienden a un modelo neoliberal, en concordancia al
tipo de gobierno que tenemos. Son muy pocos los medios de comunicación
existentes, cuyas políticas obedezcan a un modelo de responsabilidad social y
lo podemos constatar en el modelo de producción de la información organizacional
en su mayoría y en algunos casos político, donde prima como fuente los
testimonios gubernamentales, sobre la voz comunitaria, dándole una posición de
indefensión a las víctimas, que muchas veces prefieren no aparecer por temor a
las reacciones de sus victimarios.
Leymah Gbowee, la mujer de Liberia que
a los 39 recibió el año pasado el Nobel de la Paz, expresó en una entrevista
para el diario El Espectador “El conflicto armado en Colombia es también una
guerra insensata contra la mujer”. En este mismo contexto, Amnistía
Internacional señaló que “todos los grupos armados, tratan a las mujeres como
trofeos de guerra”.
El panorama no es alentador. Mujeres y
aún niñas han sido por medio siglo, objeto de una violencia sexual generalizada
y sistemática a lo largo conflicto armado de Colombia, donde no sólo son
víctimas de los grupos al margen de la ley, sino también de miembros de las
fuerzas de seguridad. Más aún, las defensoras de derechos humanos y las líderes
comunitarias son constantemente agredidas sexualmente en represalia por su
labor o en un intento de silenciarlas.
En el caso de la mujer, la impunidad
ha triunfado. Gobierno tras gobierno, le han fallado al género, cuyos
compromisos de propiciar los insumos jurídicos para castigar y encerrar a los culpables
se ha visto frenados por la lentitud del aparato legislativo del país. No
obstante, se han logrado sólo desde hace cuatro años ciertos avances con la
promulgación de la Ley 1357, que proporciona instrumentos para la lucha contra
la violencia.
En nuestro entorno real, las
audiencias han sido en muchos casos manipuladas, siendo mostradas como sólo
víctimas indefensas, sin ahondar de manera responsable en los derechos que le
asisten y de lejos se ha promovido una conciencia de respeto hacia ellas, cuando
de manera responsable se deberían aprovechar los escenarios mediáticos para
promover una actuación ciudadana de restitución de derechos como miembros de
una sociedad civil que en su comportamiento estaría obligada a ser más
solidaria, siempre y cuando la visibilización de los medios a las mujeres
víctimas sea promovido con el cubrimiento justo y equitativo del tema.
Muchos debates se han abierto a nivel
nacional sobre la el papel de los medios de comunicación en la visibilización
de las mujeres victimizadas dentro del conflicto armado en Colombia. En la
práctica, no existe una clara responsabilidad social en llevar la realidad al
plano de la sociedad civil, y en cómo se podría dar voz activa a las mujeres
victimizadas en los contenidos informativos más allá de la queja por su
situación o el recuento estadístico sino de un análisis contextual de la
situación.
Este tratamiento, dado por los más
influyentes medios del país, ha sido cuestionado por las mismas audiencias, que
no ven reflejada la realidad de su problemática y el eco de su voz. También, ha
sido blanco de críticas de otros varios sectores del país.
Las preguntas que surgen podrían ser
resueltas con analizar la responsabilidad social que tienen los medios de
comunicación en llevar la realidad al plano de conocimiento general, y en cómo
se podría dar voz activa a las mujeres víctimizadas en los contenidos
informativos más allá de la queja por su situación o el recuento estadístico
sino de un análisis contextual de la situación que ellas viven por consecuencia
de una guerra de grupos armados ilegales y legales tras unos intereses que
dejan de lado la convivencia pacífica, el desarrollo social y económico de una
población que además por su caracterización de género suele ser mayormente
afectada por la consecuente muerte de sus compañeros, padres o parejas
permanentes.
Dentro de esta realidad, sin
embargo existen esfuerzos de mujeres
agrupadas por su realidad que se han organizado para salir adelante y que aún
no se reflejan en las noticias por tal vez considerarse de poco interés
noticioso.
En la década de los 90, paralelo al
proceso de aprobación de la constitución de 1991 se reconoció que los hogares
con jefatura femenina estaban aumentando como resultado de la escalada de
violencia en el país y que un grupo cada vez mayor de personas se veían
obligadas a emigrar a zonas urbanas, sin embargo poco han dicho los medios
sobre este fenómeno social que pone en jaque una parte fundamental de la
democracia.
Esta información, nos lleva a analizar
que los ciudadanos siempre han buscado la manera de expresarse a través de sus
propios medios y hoy más que nunca les es posible a través de las nuevas
tecnologías. Sin embargo el acceso a ellas no es completo para todos los grupos
sociales marcado por el aspecto socio económico y de oportunidades.
Si bien los gobiernos han involucrado
a sus trabajos el e- gobierno, aún éste no logra la interactividad requerida
con el ciudadano.
Por su parte, el periodismo está
obligado a recuperar su función social y revitalizar la responsabilidad pública
de sus periodistas, como lo señala Mahuano, quien concluye que la Internet es
un espacio para un periodismo más participativo y la construcción de una
sociedad más democrática.
Y como pafraseaba el autor a a Wolton
(2005: 10) lo esencial del periodismo no son las técnicas, los usos o los
mercados sino “la capacidad de vincular herramientas cada vez más eficaces a valores
democráticos”.
En este sentido, el papel que juegan
los medios de información en Colombia frente a los conflictos armados está
llamado a dejar la relación audiencia- consumidor a pasar ser
audiencia-ciudadanía prácticamente, procurando sobrepasar los intereses de los grupos políticos y
económicos.
Uno de los medios en Colombia que se
asemeja al modelo de responsabilidad social es el noticiero de televisión “Noticias
Uno”. Este medio a través de su director Daniel Coronel y de su equipo de
investigación han logrado reseñar parte de la realidad del desplazamiento y la
forma cómo han sido estas personas despojadas de su tierra y demostrar el poco interés del gobierno frente a este
fenómeno como también la poca aceptación por parte de la opinión pública.
Hoy en día podemos ver que la mayoría
de los medios de comunicación en nuestro país ya sean nacionales o regionales
están manejados por los organismos oficiales que han creado una parcial
información sobre los desplazados y en estos momentos de víctimas sean
convertidos en victimarios porque aparte de que han sido desplazados les ha
tocado vivir en la clandestinidad y
desconfianza ante la sociedad.
Es aquí donde los medios de
comunicación se han olvidado de su responsabilidad de orientar a la opinión
pública sobre este conflicto y la violación de los derechos humanos que está padeciendo
esta població. El municipio de Soledad en este momento tiene el foco más grande
de desplazados del Caribe colombiano y según el RUPD, las víctimas de este
conflicto armados el 40% son personas analfabetas.
En cuanto al avance de las tecnologías
que ha tenido a nivel mundial en los últimos años, Colombia sigue rezagada en
las formas electrónicas de ejercer la democracia a través de la e-consulta, e-
solicitud y e-voto, aunque se inviertan millonarias partidas presupuestales que
cambian de servidores y software para hacer posible la ciberdemocracia y la
teledemocracia.
En Colombia podríamos afirmar que nos
encontramos en la etapa aún de la e-consulta porque bien se ha avanzado en
poner a disposición la información a la ciudadanía, existen algunos avances en
lo concerniente a ciertos servicios automatizados de la e-solicitud para
documentos oficiales pero en lo concerniente a respuestas específicas aun la
brecha es grande.
A pesar que las victimas desplazamientos
forzosos no pierden sus derechos y se habla de la dignidad que tiene toda
persona que ha sufrido las consecuencia del conflicto armado y de sus derechos consignados
en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, como en el Pacto
Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, en Colombia
los medios de comunicación, el gobierno,
autoridades y la sociedad han
estigmatizado a esta población, lo cual se refleja en las formas de
participación democrática.
Para realizar una análisis sobre la
teledemocracias, es necesario conocer la
penetración del internet en el país, aunque Colombia según la Microsoft es el segundo país de
Latinoamérica con más penetración de Internet, sólo alcanza el 54%, después
de Chile con 56%, un promedio cercano al
europeo que tiene el 58%, pero distante al ideal de la Democracia,
“entendiéndola como el poder del pueblo”, porque sería el poder del 54% del
pueblo y entendiéndola de una manera más
moderna seria el poder del 54% de los que siguen partidos políticos y
representantes.
Lo que se quiere plantear en este
análisis es que hay una relación entre penetración interactiva y democracia, los que
nos lleva a identificar que lo relevante
es la “democratización electrónica”, lo cual es
lograr que el 100% de los ciudadanos
colombianos tengan el uso de los computadores y que realmente todos los niveles
de decisión puedan aportar en la construcción de un país, con una participación
directa sin exclusiones.
Sin embargo, no es sólo tener los medios
digitales en manos de todos para hacer democracia, porque actualmente son pocos
los usuarios de las redes que la utilizan con este fin, lo que hace necesario un proyecto
educativo estratégico que
permita el desarrollo e implementación de la vida democrática por este medio, en lo que el
periodismo juega un papel muy importante sí así lo quisiera.
Sin embargo, hoy se evidencian grandes
avances en esta línea, para temporada electoral en Colombia es posible ver campañas
presidenciales que cambian de rumbo por las redes sociales y políticas de
gobierno que tiemblan por las voz de los
ciudadanos que se toman la Internet, lo que se puede describir como acciones de
la ciberdemocracia.
Lo cierto es que las
formas de participación ciudadana
tomaron un nuevo rumbo, en el mundo y en
nuestro país, y los partidos políticos comienzan a crear estrategias alrededor
de internet para llegar al poder y buscar
convencer a la mayoría, con la dificultad de que hoy en lo digital, la
mayoría de individuos quiere imponer su concepto sobre lo que ocurre en la
sociedad.
La velocidad con que la ciberdemocracia comienza a tomar fuerza en
Colombia es inimaginable y su desarrollo depende que la penetración total pueda
ser una realidad. En nuestro país un ejemplo interesante es el proyecto
“gobierno en línea”, en el que los diferentes Ministerios y entes
territoriales le están brindando
información directa a los ciudadanos, permitiéndoles no sólo hacer consultas y
procedimientos que antes se realizaban de manera presencial con largas filas y
tropiezos, sino que permiten evaluar y sugerir al gobierno los procedimientos y
otras actividades, hay una participación directa de necesidad y opinión atreves
de la red con el gobierno de turno. Una
actividad interesante pero lejos de la democracia directa digital que se pretende.
En Colombia la penetración de la era
digital, vive las mismas etapas de momentos tecnológicos del pasado, como la
llegada de la televisión a Colombia en
el gobierno dictatorial del Comandante Rojas Pinilla, o del internet en
un Estado Social de Derecho, las
minorías, los grupos étnicos o los habitantes de regiones distantes, son
marginados de la información, del derecho a participar durante largos años
hasta que se vislumbran tímidamente esfuerzos del gobierno por ganar más
cobertura. Se evidencia entonces una cadena de exclusión, que comienza a
romperse por la clase media y lentamente
se acerca a los bajos estratos sin lograr una verdadera penetración. Sin embargo,
hoy contamos con una optimista política de desarrollo “Vive Colombia digital”
que nos permitirá evaluar en dos años que tan cerca estamos de la
democratización electrónica.
Tanto las acciones del Gobierno como
las del Periodismo deberían buscar a través de diversas formas la participación
de los que hoy no tienen voz.
Las nuevas tecnologías posibilitan una
sociedad más libre, siempre y cuando se respete el artículo 19 de la
Declaración de los Derechos Humanos sobre el derecho de informar y ser
informado, bajo la premisa de respeto por la opinión.
“Es
absolutamente necesaria una enorme inversión en educación de la sociedad. Una
educación que habrá de orientarse hacia cuestiones técnicas, asuntos culturales
en general, pero sobre todo en valores democráticos y participativos. A corto y
medio plazo, los próximos retos son salvar los distintos tipos de brechas
digitales que existen en la actualidad y asegurar la neutralidad de la red para
garantizar que siga siendo un espacio en el que las ideas y la cultura puedan
circular libremente”.
(Mahugo, 2010).
Hoy más que nunca el periodismo debe
ser más ciudadano, reflejando los problemas sociales e interactuar con papel
orientador con sus protagonistas.
Estimado
ResponderEliminarEn el Perú se vivió por casi 20 años un terrorismo especialmente por el demencial grupo terrorista "Sendero Luminoso", en la década de los 80, los gobiernos de Belaude y Alan García abdicaron el poder político, dejando que las fuerzas armadas actuaran a su libre albedrío, lo que originó la pérdida de miles de vidas humanas, sin embargo nunca se le juzgó a Belaunde, y Alan García volvió a ser presidente. Sin embargo quien derrotó al terrorismo Alberto Fujimori está en prisión como "víctima expiatoria". El fue que evito que el Perú se colombiaizara o mexicanizara. Tanto es así que cuando viajó a Bogotá, la gente pedía un presidente como él. En el Perú Fujimori fue juzgado en un juicio político-racista. La Comisión de la Verdad y Reconciliación a pesar de ser un documento que quiere exculpar a Belaunde y Alan García, refiere que en 1990 el 30% por ciento del territorio estaba en manos de los terroristas y el Perú estaba fuera del control democrático.