Por Angélica Obando Solano
Presidenta de ACSA
Discurso durante el Foro Etica Periodística y Derechos Humanos Organizado por la Corporación Deberes & Derechos, con la participación de ACSA, Coopercom, Colegio Nacional de Periodistas y Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.En el día nacional de los Derechos Humanos en Colombia que se conmemora cada 9 de septiembre, en su versión 2010 los comunicadores sociales y periodistas deberíamos reflexionar sobre nuestro papel frente a este tema, ya que para mi concepto no deberíamos quedarnos en ser simples observadores o narradores de las violaciones que ocurren en Colombia, pues también somos objeto de ellas.
Hoy, en el Departamento del Atlántico se ha cumplido aquel viejo cuento que señalaba algo así como que un hombre veía como le ocurrían desgracias a los otros y seguía tranquilo porque según su concepto “no era su problema”, hasta que llegó el día que la desgracia le tocó el hombro.
El periodismo en Colombia y en el mundo en general ha querido ser silenciado a costa de amenazas y actos de violencia, como el ocurrido el pasado 12 de agosto en Bogotá frente a las instalaciones de Caracol Radio, afortunadamente sin víctimas fatales, y en el que recientes informaciones señalan que el DAS tenía conocimiento de este atentado desde hace dos años atrás.
Es claro, que por ser periodistas no estamos por encima del bien ni del mal, que no tenemos cuerpo de acero y que por el contrario somos más vulnerables a ataques y amenazas por el ejercicio de la profesión.
En el 2009, en el departamento del Atlántico fueron amenazados de muerte 25 periodistas. Hecho que a nivel mundial tuvo una gran resonancia al punto que el propio secretario de la Federación Internacional de Periodistas, Paco Audije envió cartas en apoyo a la gestión de la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico (ACSA) al gobernador de esta parte del país, Eduardo Verano De la Rosa y al Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, solicitando lo que ya habíamos pedido en ACSA: el “esclarecimiento de los autores”.
A la fecha, podríamos decir que, esto está impune y que hay un mensaje claro que en Barranquilla amenazan a periodistas y las autoridades policivas y de inteligencia no han revelado quiénes son.
Hasta junio de 2010 eran 97 las agresiones a periodistas en el país, entre ellos ya habíamos puesto un muerto por razones claras del oficio, se trata de nuestro colega Clodomiro Castilla en la ciudad de Montería en Córdoba.
Definitivamente, cambiar de ser custodiados por el ángel de la guarda y llevar por arma una grabadora, a tener por escolta a un agente del DAS con carro blindado y su arma corta, es una experiencia que a la vocación de libertad de un periodista atenta contra su forma de llevar la vida y le limita en algo en el ejercicio profesional y personal, y que lo digan quienes han tenido escolta en Barranquilla.
El tema de los Derechos Humanos siempre ha sido una insistencia de mi parte ante el gremio, aún desde épocas en que en Barranquilla eran casi nulos estos casos contra el periodismo local, pese a que a nivel nacional y mundial estábamos atestados de casos de violaciones sistemáticas. Hoy se hace necesario que cada gremio periodístico se comprometa más con la defensa de los derechos humanos y ojala a crear alguna forma de blindaje social contra los posibles atentados a la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
En medio de la conmoción que lleva viviendo nuestro país por la violencia de los diferentes actores armados ilegales, ahora se unen bandas del narcotráfico y lo más preocupante, los mismos agentes del Estado. Una encuesta de Fecolper reveló que el 33% de las agresiones provenían de la fuerza pública, el 18% de funcionarios o ex funcionarios del Estado, sumando ello el 51% del total de las fuentes.
Por otra parte, el 13% provenían de grupos paramilitares, un 2% de las Farc, un gran porcentaje del 14% de desconocidos, un 2% de delincuencia común y lo peor aún: el 18% de particulares.
Esta última ha venido acrecentándose de forma preocupante porque ya es la misma población civil la que se volca contra los profesionales de la información.
El caso reciente del periodista Hollman Morris, a quien en primera instancia le fue negada la visa a Estados Unidos para estudiar becado en la Universidad de Harvard por supuestas actividades terrorista. Él se especializa en conflicto armado y derechos humanos, y se podría decir que a través de su trabajo periodístico independiente visibiliza a las víctimas que solemos olvidar en nuestras notas periodísticas y ha sido objeto de señalamientos del aparato estatal. En ese sentido, ACSA solidaria y conciente que en la unión está la fuerza enviamos respaldo a través de organizaciones internacionales en protesta a la decisión inicial que después fue revocada.
Con este caso y muchos otros como el del colega Daniel Coronel quien libró una batalla con el ex presidente Uribe, al punto que éste último tildó al periodista de miserable y de falta de ética periodística.
Y así otra cantidad de casos, otros que han llegado al extremo del exterminio como el homicidio de Jaime Garzón, el atentado contra El Espectador, lo cual le colocó a ser un periódico semanal y hasta hace poco han vuelto a ser diario. El asesinato de periodistas y directores de medios regionales. El desplazamiento de comunicadores hacia dentro y fuera del país.
Las medidas que se llevan a cabo en el Ministerio del Interior que rebajan las ayudas a los amenazados.
Y como dijo alguna vez nuestro presidente de Fecolper, Eduardo Márquez, los periodistas en Colombia estamos entre las balas de la intolerancia y el desempleo.
La invitación es que en medio de este camino de adversidades en nuestro país trabajemos como gremio para la protección del derecho a informar, que cada vez la información sobre DDHH y DIH sea menos victimista y para esto debemos estudiar y prepararnos y no caer en la trampa de la chiva que atenta contra la dignidad de las personas, a hacer un tratamiento noticioso más ético.
